La dictadura legaliza a los paramilitares en reforma constitucional

La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo otorgará legalidad a los grupos paramilitares y a las unidades de represión y espionaje político que mantiene activos desde el año 2018 en Nicaragua. En la reforma constitucional presentada este miércoles en la Asamblea Nacional estos grupos de choque son designados como un "cuerpo auxiliar y de apoyo" a la Policía Nacional.

La iniciativa de reforma cuyo contenido se conoció hasta 24 horas después se ser llevada al Parlamento, establece en el punto tres del artículo 97 la creación de la "policía voluntaria" que fungirá como “cuerpo auxiliar y de apoyo a la Policía Nacional” y estará integrada por “ciudadanos y ciudadanos nicaragüenses que prestan su servicio de forma voluntaria”.

Estos grupos son los paramilitares que actuaron junto a la Policía en la llamada "Operación limpieza", una ofensiva armada diseñada para desmantelar las trincheras levantadas por ciudadanos que exigían un cambio de poder en Nicaragua, en el año 2018. Los jefes de estos grupos irregulares serán Daniel Ortega y Rosario Murillo, según establece el segundo párrafo del artículo 132 de la reforma constitucional: “la Presidencia de la República es la Jefatura Suprema del Ejército de Nicaragua, de la Policía Nacional y del Ministerio del Interior”.

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Distintos informes de organismos internacionales como el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua de la ONU han señalado a estos grupos paramilitares de perpetrar ataques contra los manifestantes durante las protestas antigubernamentales de 2018.

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Estos grupos paramilitares han sido integrados principalmente por miembros del "sandinismo histórico" que se formaron en primera fila para desmantelar tranques, barricadas  y manifestaciones durante la llamada "Operación limpieza" que se llevó a cabo entre junio y julio de 2018, el periodo en el que se cometieron más de 200 asesinatos ese año.

En general, la represión a las protestas desde abril de 2018, dejó un saldo de más de 350 nicaragüenses fallecidos y miles de heridos, la mayoría de ellos eran autoconvocados que protestaban contra el régimen de Daniel Ortega y pedían un adelanto electoral.